Aung San Suu Kyi recibe un indulto (parcial) en la Birmania donde se perpetúa el régimen de terror con armas rusas

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Este indulto forma parte de una amnistía concedida a más de 7.000 presos con motivo de la Cuaresma budista

Manifestantes sostienen pancartas pidiendo la liberación de Aung San Suu Kyi durante una protesta contra el golpe militar de 2021.LYNN BO BO SAEFE
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Han pasado dos años y medio desde que el ejército birmano ejecutara el golpe de Estado que derrocó al gobierno de la líder de facto Aung San Suu Kyi y arrasó con el experimento fallido de transición democrática. En todo este tiempo, según denunció hace unos días Thomas Andrews, el relator de la ONU para Birmania, más de 3.500 civiles, políticos y disidentes han sido asesinados por las fuerzas del régimen, entre ellos 265 niños; 1,3 millones han tenido que abandonar sus hogares y más de 20.000 se han convertido en presos políticos.

Esos son los números de un país que continuará bajo el yugo del terror por tiempo indefinido después de que el lunes la Junta militar extendiera por segunda vez el mismo estado de emergencia que ya decretó tras el golpe en febrero de 2021. Un movimiento que perpetúa en el poder a los generales que controlan el país y que barre las esperanzas de celebrar este año unas elecciones que devuelvan al menos la estabilidad institucional.

Un día después de ese anuncio, mientras cada vez se hacían más grandes los rumores de que Suu Kyi (78 años), quien fue condenada a penas de prisión que sumaban en total de 33 años, había sido trasladada desde la prisión a un régimen de arresto domiciliario en la capital, Naypyitaw, las autoridades anunciaron que la líder depuesta sería indultada. Aunque la clemencia es parcial.

Se anulan cinco de las 19 condenas que pesan en su contra, restando un total de 12 años de prisión. Pero a Suu Kyi, quien ya pasó 15 años bajo arresto durante la anterior dictadura militar (1962-2011), le quedarían 21 años de cárcel por cumplir. El ex presidente Win Myint, derrocado junto a Suu Kyi, quien era la que realmente mandaba, también recibió una rebaja de sentencia.

Estos indultos forman parte de una amnistía concedida a más de 7.000 presos con motivo de la Cuaresma budista, una decisión habitual que toma la Junta cuando se acercan fechas festivas para tratar de mostrar una cara más amable en un país que está sumido en una brutal guerra civil entre grupos de milicias civiles y los militares golpistas, que cada vez lanzan más bombardeos contra las áreas controladas por los rebeldes, destruyendo aldeas enteras, escuelas y hospitales.

«Birmania es un estado fallido dirigido por una junta alimentada por armas rusas«, soltó el relator de la ONU, Thomas Andrews, en un informe en el que pide a los países adoptar la misma resolución unificada que siguió a la invasión de Ucrania. «Los mismos tipos de armas que están matando a los ucranianos están matando gente en Birmania», denunció Andrews.

En los ataques aéreos contra los rebeldes participan aviones de combate fabricados en Rusia y China, pero las armas que se usan se producen también gracias a los suministros que empresas europeas y estadounidenses venden a los militares.

Hace unos meses, un informe presentado por el Consejo Asesor Especial sobre Birmania, formado por ex diplomáticos de la ONU y expertos en el país asiático, cita a empresas de 13 países, incluidos Francia, Alemania y Estados Unidos, que estarían vulnerando las sanciones internacionales contra el ejército birmano brindando un soporte de materias primas, software y componentes para la producción de armas, sobre todo pistolas, municiones y minas terrestres que se utilizan principalmente para sofocar la resistencia al golpe. El informe se sujeta con varias entrevistas a soldados desertores birmanos, el análisis de documentos oficiales e imágenes satelitales.

«Las empresas extranjeras están permitiendo que el ejército de Birmania, uno de los peores violadores de los derechos humanos del mundo, produzca muchas de las armas que utiliza para cometer atrocidades diarias contra su pueblo», aseguraba Yanghee Lee, ex relator especial de la ONU en el país asiático y uno de los investigadores del informe.

Los documentos filtrados desde el Ministerio de Defensa birmano y el fabricante local de armas KaPaSa apuntaban a que maquinaria de precisión, incluidas de fundición y torneado, procedieron de fabricantes de Austria, Alemania, Japón, Taiwan y Estados Unidos; componentes clave, como fusibles y detonadores eléctricos, se han rastreado desde compañías en India y Rusia, mientras que el software para programar las máquinas se originó en Israel y Francia. El informe señala también que Singapur y Taiwan funcionan como los centros de tránsito donde llega todo este equipo antes de ser mandado a Birmania.

«Los estados miembros de la ONU deben hacer todo lo que esté a su alcance para restringir el acceso del ejército a esos suministros para proteger al pueblo de Birmania, incluso mediante la adopción de sanciones específicas contra KaPaSa y su red de intermediarios», pedía Marzuki Darusman, otro ex relator de la ONU en Birmania que también participó en el informe.

«Somos conscientes de que algunas de las empresas internacionales siguen haciendo algún tipo de negocio con el régimen, tal vez no directamente, sino a través de terceros. Pero son culpables de apoyar directa o indirectamente crímenes de lesa humanidad«, declaraba en una entrevista con este periódico el Dr Sasa, ministro de Cooperación Internacional del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), la coalición de fuerzas democráticas de Birmania que ejerce como gobierno en el exilio.

«Esto no se trata de dinero, sino de la vida de muchos seres humanos. En la Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada este año en Estados Unidos, hay una parte que permite sancionar a aquellos que apoyen a los militares de Birmania. Eso incluye a Rusia y a China. Pero también a aquellas empresas que están haciendo negocios con los genocidas».

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