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Un régimen tiene la capacidad de clasificar la información como privada, confidencial, secreta o ultrasecreta, de acuerdo con las leyes vigentes, que coinciden con constitucionalistas y juristas.
Los criterios para clasificar la información como privada o confidencial están establecidos por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2004, anterior a la Constitución de 2008.
La información confidencial debe ser verificada por la seguridad pública. Salim Zaidán, profesor universitario experto en derecho constitucional y derechos humanos, señaló que, por ejemplo, la ubicación exacta del material bélico del país podría entrar en esta categoría por razones de estrategia militar.
El correo no encuentra apoyo para investigar la revocación de visa de la periodista cubana Alondra Santiago en la Asamblea Nacional.
La confidencialidad se determina cuando la información puede comprometer los derechos personales si se divulga.
Las categorías de documento secreto y ultrasecreto están contenidas en la Ley de Seguridad Pública y del Estado vigente desde septiembre de 2009.
El régimen de Daniel Noboa ha anunciado que la decisión de revocar la visa a la periodista cubana Alondra Santiago se basa en un documento clasificado como «secreto».
Se trata de un aviso del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), clasificado como SECRETO, para ser comunicado al Ministerio del Interior.
El problema, dice Zaidán, es que existe un peligroso margen de discrecionalidad porque el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública sólo indica que la clasificación de la información de los cuerpos de seguridad se produce mediante resolución motivada por la máxima autoridad de la entidad correspondiente, lo que Dicho depende de una resolución.
«Es peligroso porque depende de la subjetividad de cada autoridad de clasificación; No existen parámetros claros y objetivos. Así, cuando el Ministerio del Interior declara secreta una información sin revelar los motivos, va en contra del derecho a preguntar a las autoridades los motivos de sus decisiones. Necesitamos saber cuáles son los criterios para clasificar y ocultar esta información”, añade el especialista.
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El reglamento de la Ley de Seguridad Pública también indica que, antes de clasificar un documento, la autoridad responsable debe analizar su contenido para determinar la clasificación adecuada. Los documentos de información clasificada podrán estar sujetos a reclasificación.
“No existen criterios claros para clasificar la información como secreta o confidencial”, añade Zaidán. «Éste es el peligroso margen de discrecionalidad que tienen las autoridades para emitir estas resoluciones. No hay parámetros claros para la clasificación, sólo que estamos hablando de una resolución razonada.»
Israel Celi, abogado y director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Especial de Loja, dice que una alerta de inteligencia puede considerar información confidencial, pero es necesario revisar su contenido para analizar si está justificada.
“Toda información considerada secreta debe ser declarada como tal por ley, según la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la Información Pública. Por tanto, en primer lugar hay que analizar si esta información era secreta o si fue tratada así, como sugiere el Gobierno, por el contenido difundido en las sociedades sociales. Es posible interrogar al informante de inteligencia, pero no a la información relativa a una supuesta amenaza a la seguridad del Estado.
¿Cuánto tiempo lleva clasificar información confidencial, secreta y ultrasecreta?
El artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública indica que se podrá acceder a la información clasificada como confidencial después de cinco años; y cuando se cataloga como secreto, como en el caso de Santiago, después de diez años.
La información clasificada como ultrasecreta es accesible incluso después de quince años, afirma Zaidán, quien recuerda que la negativa queda a criterio del usuario para catalogar los documentos.
¿Qué hacer si la decisión no está suficientemente justificada? “Se podría impugnar mediante una acción de tutela”, responde Zaidán, “pero no lo sabremos hasta que pasen diez años en el caso del documento secreto que rechazó la revocación de la visa de Santiago”.
Incluso si tuviera un régimen de rotación, sería posible describir el documento antes de la próxima década.
«Es un atentado contra la libertad de pensamiento y la libertad de expresión», dice Rafael Correa sobre la revocación de la visa a Alondra Santiago.
Desde el punto de vista personal, se considera que el comunicador “está involucrado en un delito que podría ser considerado como un delito contra el Presidente (de la República, Daniel Noboa)”.
La resolución firmada por el viceministro de Movimiento Humano, Alejandro Dávalos Dávalos, que revoca la visa a la loba comunicadora
Ana afirma que Santiago «cometió actos de violencia contra la seguridad pública y la estructura del Estado».
Con base en este criterio, dijo Zaidán, el documento debió ser clasificado como confidencial, según los lineamientos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, fue clasificado como secreto.
«Es confuso: la información confidencial es una amenaza a la seguridad, y no sabemos por qué se clasifica como secreta, porque depende de cada autoridad», comenta Zaidán.
El abogado penalista Julio César Cueva afirma que, si bien la declaración de Santiago puede ser deplorable, resulta poco creíble que se esté poniendo en peligro la seguridad del Estado: «No creo que haya dicho ‘Pongan bombas, ignorazcan al Gobierno'».
«Existe lo que se llama libertad de expresión y de información. Creo que he hecho un uso legítimo de un derecho que la reconoce como libertad de expresión, a través del cual puede expresar su ideología política. No debería haberse amparado», precisó. Cueva.
Además, con la fuerza del Código Orgánico Integral Penal, no es delito ofender a los símbolos patriotas, en referencia a la paráfrasis que hizo el activista del himno nacional. “Pero a medida que la ley fue evolucionando, el legislador supo que no tenía mucha relevancia y no parecía un delito”, asegura Cueva.
Lo más grave es el carácter contraproducente de esta decisión: “Ahora lo son, pero podríamos ser alguien que se exprese inadecuadamente en un gobierno, no sólo esto sin nadie más. Este es un precedente peligroso. Ahora hablemos de Manuela Picq y Alondra Santiago. ¿Este será el próximo…?”, indica.
Aquiles Álvarez dice que revocar visa a Alondra Santiago provoca odio y persecución.
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