Corren las últimas horas para que Guatemala defina quién será su nuevo presidente, en medio de una ola de protestas y recursos jurídicos que intenta frenar a toda costa al Movimiento Semilla, el partido político que postula a Bernardo Arévalo, el candidato al que las últimas encuestas han ungido como el próximo presidente (con más del 60% de intención de voto, según las casas encuestadoras CID Gallup y ProDatos), frente a una contrincante muy conocida: Sandra Torres, que ha sorprendido con una campaña conservadora y de derecha, muy alejada de sus inicios en la política, cuando militó por la Internacional Socialista y se popularizó por sus programas sociales.
El giro conservador de la ex primera dama de la Nación (fue esposa del expresidente Álvaro Colom, 2008-2012), sin embargo, no ha sido la única rareza de este proceso. La no inscripción de tres candidatos —Thelma Cabrera, líder indígena de izquierda; Carlos Pineda, un empresario antisistema; y Roberto Arzú, centrista hijo de un popular expresidente— que partían como favoritos para los comicios, y fueron apartados de un plumazo, fue uno de los primeros escándalos de la campaña, que inició en marzo. Las autoridades alegaron diversas irregularidades en los procedimientos de su inscripción y los candidatos protestaron que se trataba de un mecanismo por parte del Gobierno para impedir que cualquier candidato de oposición corriera. En junio, a pocas semanas de celebrarse las elecciones, un candidato al que ni el Gobierno ni el electorado le habían prestado atención, subió como la espuma. El 25 de junio, Bernardo Arévalo, el candidato del partido Semilla que contaba con tal solo el 2% de intención de voto, se hizo con el segundo lugar en la contienda y pasó a segunda vuelta con un 12%, contradiciendo todas las encuestas y análisis políticos.
Pero desde el sorpresivo triunfo, la maquinaria en contra de los candidatos de oposición se ha activado nuevamente. A Semilla y Arévalo les persiguen Consuelo Porras y Rafael Curruchiche —cabecillas del Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FFECI)— dos aliados del presidente Giammattei e incluidos en la Lista Engel de Estados Unidos, catalogados como «actores antidemocráticos y corruptos». Las autoridades aseguran que existen un supuesto caso de corrupción que involucra al partido y que buscarán, a todas luces, perseguir a la agrupación y al mismo Arévalo en caso gane la presidencia este domingo 20 de agosto y se haga con la banda presidencial. Esto, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha otorgado un amparo definitivo en favor del partido Semilla, blindándolo durante el proceso electoral en contra de la resolución del juez Fredy Orellana que, a petición del MP, ordenó la cancelación de la personalidad jurídica del partido, lo que ponía en riesgo el desarrollo de la segunda vuelta del domingo 20 de agosto.
Diversos sectores se han pronunciado en contra de las declaraciones del fiscal. Entre ellos, el Tribunal Supremo Electoral, que en los últimos meses ha sido la institución más vocal en contra de los intentos de persecución jurídica del MP y que sugiere que la postura que fijó la FECI sobre posibles capturas luego de la segunda vuelta electoral «afecta la democracia». Una idea que comparten múltiples actores sociales, entre ellos, la cúpula del sector empresarial organizado, conocida como CACIF, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, el Consejo Nacional de Empresarios, la Asociación de Periodistas de Guatemala y la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos, entre tantos otros.
Claman por la democracia
Pero los intentos de cancelación de Semilla, dirigidos por el MP, y las múltiples campañas de desinformación en contra de su candidato confluyen en un personaje: la candidata que disputa la segunda vuelta contra Arévalo, la ex primera dama de la Nación, Sandra Torres. Esta será la tercera ocasión en la que Torres participe en segunda vuelta por la presidencia, habiendo perdido en los comicios de 2015 y de 2019 contra el comediante Jimmy Morales y el médico Alejandro Giammattei, cuyo Gobierno actual tiene los índices más bajos de aprobación (apenas roza el 16%) y ha expulsado a operadores de Justicia, perseguido y enjuiciado a periodistas e intentado ocultar los múltiples casos de corrupción por los que ha sido señalado.
El 25 de junio, Bernardo Arévalo, el candidato del partido Semilla que contaba con tal solo el 2% de intención de voto, se hizo con el segundo lugar en la contienda
Para Torres la tercera es la vencida. Por eso, ha pactado una alianza a puerta cerrada con el Gobierno actual, para perfilarse como la candidata del sistema. Su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que tiene mayoría en el Congreso, ha votado en línea con el partido del presidente, Vamos, para promover la agenda del presidente y su Gobierno. Así lo demuestran las últimas votaciones en el pleno, sobre todo durante los años 2021, 2022 y 2023. Además, en las últimas reuniones de la candidata, han participado alcaldes electos por el partido Vamos que públicamente le han brindado respaldo y prometido votos a su favor. Diversos reportajes periodísticos de medios nacionales independientes como No Ficción, Plaza Pública y Quórum han demostrado, además, que las diversas campañas de desinformación en contra de Arévalo y Semilla han sido orquestadas por el equipo de Torres, que ha impreso panfletos, pancartas y difundido noticias falsas vía grupos de WhatsApp.
Torres ha cerrado su campaña con una polémica frase: «La ignorancia es parte de la cultura de nuestro pueblo» Arévalo, en cambio, ha dicho que él no ha llegado «a ganar encuestas, [sino] a ganar las elecciones». Cada hora cuenta, en un proceso que está siendo observado por múltiples actores internacionales. La democracia del país pende de un hilo.
