La movilidad sustentable continúa siendo uno de los retos más relevantes en la ruta hacia una economía más ecológica y con menos emisiones de carbono. Dentro de una serie de discusiones sobre cómo acelerar la transformación hacia un transporte más limpio, se han señalado dos elementos cruciales que podrían ser determinantes para promover este cambio: la claridad legal y una adecuada reforma impositiva. Estos factores son vistos como fundamentales para crear un ambiente propicio para la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles, facilitando que tanto empresas como ciudadanos se ajusten más velozmente a las nuevas condiciones del mercado.
Un tema muy debatido en estos encuentros es la necesidad de incrementar la cooperación entre las entidades públicas y privadas para asegurar que las políticas de sostenibilidad no solo sean factibles, sino también aplicadas de forma efectiva y eficiente. Esto se debe, en parte, a la complejidad de los marcos regulatorios que manejan la transición energética, lo cual puede causar inseguridad en las empresas que deben ajustarse a los cambios continuos.
El desafío principal es establecer una legislación clara y coherente que favorezca la inversión en movilidad sustentable. Aunque existen iniciativas del gobierno y algunos incentivos fiscales, persisten incertidumbres respecto a la viabilidad a largo plazo de estas políticas si no se integran en un marco legislativo sólido y constante. La falta de previsibilidad en las regulaciones puede desalentar a los inversores y a las empresas del sector de llevar a cabo las modificaciones necesarias en sus modelos comerciales. Por ello, muchos expertos coinciden en la necesidad de simplificar y unificar las normativas en áreas cruciales como los límites de emisiones, las zonas de bajas emisiones (ZBE) y las directrices sobre sostenibilidad empresarial.
El principal reto es lograr una legislación clara y coherente que facilite la inversión en movilidad sostenible. A pesar de las iniciativas gubernamentales y los incentivos fiscales existentes, aún persisten dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas políticas si no se consolidan en un marco normativo robusto y estable. La falta de previsibilidad en las regulaciones puede disuadir a los inversores y a las empresas del sector de realizar los cambios necesarios en sus modelos de negocio. Por ello, muchos expertos han coincidido en que se deben simplificar y armonizar las normativas en áreas clave, como los límites de emisiones, las zonas de bajas emisiones (ZBE) y las directivas sobre sostenibilidad empresarial.
Además de la seguridad jurídica, la reforma fiscal se ha posicionado como un pilar fundamental para acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible. Las reformas fiscales que incentivan la adopción de vehículos eléctricos, el uso de combustibles alternativos y la mejora de la infraestructura de transporte limpio son cruciales para hacer que estas alternativas sean económicamente atractivas. La propuesta de flexibilizar la tributación relacionada con el transporte en las empresas es una de las medidas que podría facilitar este proceso. Al mismo tiempo, algunos sectores de la industria han señalado que se deben reforzar los incentivos para las empresas que decidan integrar la movilidad sostenible en su estrategia de largo plazo.
Del mismo modo, los representantes del sector bancario han destacado la importancia de ofrecer productos financieros creados especialmente para proyectos de movilidad sostenible. Estos productos podrían contemplar préstamos a bajo interés para la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de estaciones de carga o el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte. La banca también juega un rol crucial en la asesoría y acompañamiento de las empresas que busquen realizar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.
Asimismo, los representantes del sector bancario han señalado que es fundamental ofrecer productos financieros diseñados específicamente para proyectos de movilidad sostenible. Estos productos podrían incluir préstamos a bajo interés para la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga o el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte. La banca también desempeña un papel clave en la asesoría y el acompañamiento de las empresas que deseen realizar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.
Otro tema destacado en las discusiones sobre la movilidad sostenible es el papel de las administraciones públicas. Además de las reformas fiscales, se ha resaltado la importancia de contar con planes estratégicos que no solo faciliten la transición energética, sino que también promuevan la inclusión social. El acceso a alternativas de transporte sostenible debe ser universal, asegurando que ninguna región o comunidad quede atrás en este proceso. En este sentido, las políticas públicas deben garantizar que las inversiones en movilidad limpia beneficien a todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o situación económica.
