La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell ha generado una creciente preocupación entre empresarios, sindicatos y representantes de cámaras de comercio, quienes temen que esta operación resulte en una significativa pérdida de acceso al crédito, especialmente para pymes y autónomos. Según estimaciones de la patronal catalana, la operación podría suponer una reducción de hasta 75.000 millones de euros en financiación destinada a pequeñas y medianas empresas, lo que afectaría directamente a su capacidad para operar y crecer.
En un evento reciente, distintos líderes empresariales y sindicales se reunieron para manifestar su oposición a la operación y pedir un análisis profundo del impacto que tendría en el mercado financiero. De acuerdo con los comentarios de los involucrados, la unión podría disminuir la competencia en el ámbito bancario, lo que complicaría aún más el acceso a financiamientos accesibles y apropiados para las pequeñas y medianas empresas en España.
El presidente de una destacada organización empresarial regional afirmó que, de concretarse la operación, el 50% de la financiación que actualmente otorga Banco Sabadell a las pymes desaparecería. En sus palabras, esto obligaría al sector empresarial a “reinventar la creación de un nuevo banco, tal como lo hicieron nuestros antecesores hace más de 150 años”. Estas declaraciones subrayan la importancia histórica de Sabadell en el apoyo al tejido empresarial, particularmente en las regiones donde tiene mayor presencia.
Por su parte, BBVA ha intentado rebatir estos temores, asegurando que la combinación de ambas entidades no solo no perjudicaría a las pymes, sino que aumentaría en 5.000 millones de euros anuales el crédito disponible para empresas. El presidente de BBVA destacó que la operación busca fortalecer la capacidad del banco para apoyar a las empresas, afirmando que “lejos de perder, las empresas ganarán” con la fusión. Según datos proporcionados por la entidad, BBVA lidera actualmente la captación de pymes en el mercado, con una cuota del 26,5% en el último año, y ha incrementado su financiación a empresas en un 16% en los últimos cuatro años, en contraste con una caída del 5% en el sector bancario general.
A pesar de estas declaraciones, las preocupaciones persisten. Representantes de cámaras de comercio y sindicatos han señalado que el sector bancario español ya enfrenta un déficit en la financiación a pymes respecto a los niveles previos a la pandemia, estimado en 15.000 millones de euros. Además, consideran que la fusión podría exacerbar este problema al reducir la competencia y dificultar el acceso a fuentes de financiación diversificadas.
Desde la perspectiva de los gremios, se ha subrayado el posible efecto en el trabajo. De acuerdo a sus cálculos, la transacción podría resultar en una reducción notable de empleos en la industria financiera, que ya experimenta una baja en el número de oficinas y trabajadores por persona en comparación con otras naciones de Europa. Los gremios han solicitado al gobierno analizar a fondo las repercusiones de esta integración, señalando que, aunque las empresas implicadas son privadas, cumplen una función crucial como proveedores de un servicio al público.
Además, múltiples ejecutivos del sector han destacado que obtener crédito es crucial para el sostenimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Han pedido a los entes reguladores, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que evalúen los peligros que esta transacción representa para el entramado empresarial y la economía en general. En este contexto, también han expresado su descontento porque, hasta ahora, la CNMC ha denegado la inclusión de varias entidades en la evaluación de las consecuencias de la transacción, restringiendo el proceso a las partes directamente comprometidas.
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